Nueva ley de divorcio: el Gobierno envió un proyecto que no exige recurrir a la Justicia
“Los divorcios judiciales demandan tiempo y dinero. Conlleva el gasto de sumas de dinero sustanciales por el costo del proceso y todo lo que ello implica. Además, el tiempo que insume el referido proceso implica para las partes que durante ese período de tiempo no podrán disponer de algunos de sus bienes con entera libertad”, se detalla entre los fundamentos del proyecto. Y considera sobre la iniciativa: “Otorga mayor libertad a las partes para decidir cambios en su vida”. Federico Sturzenegger, impulsor de una serie de proyectos de ley que incluyen un nuevo régimen de divorcioColegio de Abogados
El Gobierno envió a Diputados un proyecto de ley para simplificar el proceso de divorcio. La iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo propone la posibilidad de terminar un matrimonio por vía administrativa, siempre que ambos cónyuges estén de acuerdo. Actualmente es necesario crear un expediente judicial.
La iniciativa modifica para ello el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación con el fin de incluir el divorcio en sede administrativa como una de las causales de disolución del matrimonio. Se le suma a la muerte de uno de los cónyuges o la presunción de fallecimiento a través de una sentencia judicial y al divorcio declarado judicialmente.
También ingresó a la Cámara baja una propuesta para agilizar el proceso de retiro de fondos de depósitos judiciales. Ambas iniciativas tienen la marca de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Simplificación del Estado, a quien Javier Milei delegó la tarea de desburocratizar a la administración pública. Estos proyectos se suman a la “ley hojarasca”, de cuyo envío dio cuenta LA NACION.
“Se propone implementar un divorcio simplificado, con mayor libertad y menos oneroso, permitiendo de esta manera a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, más rápida y más económica”, se lee en los argumentos del texto firmado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el Presidente.