ALBIZO CAZÓN: “HAY QUE DEVOLVER LA RESPONSABILIDAD A LOS PADRES Y EL RESPETO A LA AUTORIDAD DOCENTE”

El presidente de la Coalición Cívica ARI Jujuy, José María Albizo Cazón, presentó una recomendación al Ministerio de Educación de la Provincia para que, ante situaciones de bullying, hostigamiento, discriminación u otros hechos de violencia en las escuelas, se solicite la intervención urgente de la Justicia Contravencional una vez agotado el protocolo vigente.

Durante una entrevista en Radio Máxima, José María Albizo Cazón explicó una iniciativa que apunta a reforzar la responsabilidad de padres, madres, tutores y responsables frente a situaciones de violencia protagonizadas por estudiantes dentro de las instituciones educativas.

El dirigente señaló que ya firmó y envió una recomendación al Ministerio de Educación de Jujuy para que, cuando se presenten situaciones de abordajes complejos y se haya agotado el Protocolo de Actuación establecido mediante la Resolución 7621, las instituciones educativas puedan remitir inmediatamente las actuaciones al Departamento Contravencional, solicitando un tratamiento urgente por parte de la Justicia Contravencional.

La propuesta busca que los adultos responsables no puedan desentenderse de las conductas protagonizadas por sus hijos e hijas dentro del ámbito escolar.

“Los adultos, muchachos, no pueden desentenderse de lo que hacen sus hijos e hijas”, sostuvo Albizo Cazón.

RESPONSABILIDAD DE LOS ADULTOS

Según explicó, la iniciativa se fundamenta en el criterio de responsabilidad objetiva contemplado en el artículo 9 del Código Contravencional, Ley Provincial N.º 5860/14, norma que posteriormente fue modificada por las leyes provinciales 6050 y 6350.

En este marco, la responsabilidad de los padres, madres, tutores o responsables podría ser considerada ante faltas cometidas por estudiantes contra otros niños, niñas o adolescentes, pero también frente a adultos que formen parte de la comunidad educativa, como docentes o personal no docente.

Los hechos contemplados pueden incluir hostigamiento, intimidación, discriminación u otros tipos de violencia.

Albizo Cazón remarcó que la propuesta no apunta únicamente a situaciones de bullying entre estudiantes, sino también a aquellas conductas que afectan a trabajadores de las instituciones educativas.

CITACIONES Y POSIBLES SANCIONES

Uno de los aspectos centrales planteados es que la comparecencia de los padres, madres, tutores o responsables ante la Justicia Contravencional podría producirse de manera voluntaria o, cuando corresponda, mediante el auxilio de la fuerza pública.

De acuerdo con lo señalado durante la entrevista, las sanciones previstas por la normativa pueden incluir servicio comunitario, multas, clausuras, instrucciones especiales, prohibiciones de concurrencia o arresto, entre otras medidas.

La intención es evitar que se repita una situación que, según Albizo Cazón, se presenta actualmente en algunas instituciones: padres o responsables que no concurren cuando son citados por los directivos.

“No habrá lugar a que haya padres, madres, tutores o responsables que hagan como le hacen a los directores de los establecimientos, de no concurrir a los llamados”, afirmó.

Para el dirigente, la solución de los conflictos que se producen dentro de las escuelas requiere la participación conjunta de las familias, las instituciones educativas y los organismos del Estado.

“HAY QUE RESTITUIR LA AUTORIDAD DOCENTE”

Otro de los ejes de la propuesta es la necesidad de recuperar la autoridad de los docentes dentro de las instituciones educativas.

Albizo Cazón sostuvo que una manera de avanzar en ese sentido es promover el respeto hacia los compañeros, las instituciones y la figura del educador.

En la entrevista, planteó que la responsabilidad familiar debe ser parte de una estrategia más amplia destinada a prevenir y abordar situaciones de violencia escolar.

La iniciativa, según explicó, no pretende que todos los conflictos escolares terminen necesariamente en la Justicia Contravencional. La derivación se produciría luego de que se haya agotado el protocolo de actuación previsto para los abordajes complejos.

De esta manera, la propuesta busca establecer una instancia adicional para aquellos casos en los que las herramientas institucionales no hayan logrado resolver la situación y exista una falta de colaboración o una conducta que requiera una intervención contravencional.

UNA DISCUSIÓN QUE APUNTA A LAS FAMILIAS

El planteo de Albizo Cazón vuelve a poner en el centro del debate educativo la responsabilidad de las familias frente a las conductas de niños, niñas y adolescentes.

Para el dirigente, no alcanza con intervenir cuando un estudiante es víctima de bullying o violencia, sino que también resulta necesario trabajar sobre quienes ejercen esas conductas y sobre el entorno familiar que debe acompañar el proceso.

“Que prime el interés superior del niño, depende de todos”, sostuvo.

La propuesta presentada ante el Ministerio de Educación busca, en definitiva, sumar una herramienta para abordar situaciones que exceden el conflicto cotidiano dentro del aula y que, una vez agotadas las instancias previstas por el protocolo educativo, podrían requerir la intervención de la Justicia Contravencional.